jueves, 15 de mayo de 2014

La deuda: presente en nuestras vidas, ausente de la campaña electoral

La deuda presente en nuestras vidas, ausente de la campaña electoral

Juan Domingo Sánchez Estop.
Uno de los grandes temas ausentes de la actual campaña electoral es el de la deuda. Se habla poco de la deuda y se hace con timidez, como si fuera una cuestión difícil y delicada que la gente no pudiera entender. Sin embargo la deuda, tanto privada como pública, constituye el epicentro mismo de la crisis permanente en que estamos inmersos. La deuda desahucia, la deuda despide, la deuda rebaja salarios y pensiones, la deuda reduce derechos, la deuda redistribuye la riqueza hacia arriba y llena los sobres de los corruptos, la deuda alimenta a la « casta político-empresarial » y la reproduce.
Así, hablar de la corrupción o de la casta política sin hablar a la vez de lo que la sustenta es sencillamente quedarse en un nivel de discurso superficial, que puede ciertamente desencadenar pasiones « justicialistas », una voluntad de restablecer la justicia y el imperio de la ley y de castigar a quienes se enriquecen conculcando el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, ya se han visto en otros países operaciones políticas « justicialistas » destinadas a acabar con la corrupción por medios enérgicos, que, al no haber intervenido sobre las causas, hicieron que la corrupción se siguiera reproduciendo e incluso se ampliara. Tal es el caso de Italia donde la operación político-mediático-judicial Mani Pulite (Manos Limpias) metió en la cárcel o, cuando menos llevó ante los tribunales, a buena parte de la casta política democristiana y socialista acusada de gravísimos actos de corrupción. Sabemos que el resultado de esa operación fue el surgimiento de un régimen de corrupción aún más sistemático y más impune durante los veinte años de gobierno de Berlusconi. 
Y es que no puede tratarse como una falta, un delito o una anomalía lo que es en realidad un sistema perfectamente normalizado y estable de pillaje de la riqueza social. El neoliberalismo, funcionó desde finales de los 80 hasta 2008 sobre la base de « burbujas especulativas » (dotcom, construcción, alimentos, etc.) apoyadas en el crédito fácil. Gracias a las grandes facilidades de crédito que permitieron a mucha gente comprarse viviendas o automóviles o financiarse unas vacaciones, los regímenes capitalistas de los países más ricos lograron lo que parecía imposible : mantener o ampliar los niveles de consumo de amplias capas de la población congelando o incluso reduciendo los salarios reales. Hoy, el capital financiero se está cobrando los créditos « fáciles » de la fase anterior que, para la población, se han convertido en una montaña de deuda. No solo para la población, también para el Estado que, puesto al servicio de los bancos, salvó a estos cuando en buena lógica liberal debieron quebrar. Efectivamente, al fracasar las operaciones especulativas de los bancos y otros operadores financieros (la burbuja inmobiliaria fue la última más importante y, en España, la decisiva), el Estado español -al igual que los demás grandes Estados capitalistas- optó por « salvarlos » mediante fuertes inyecciones de fondos públicos obtenidos mediante endeudamiento (emisiones de deuda pública y otros préstamos). Esto hizo que un Estado como el español cuya deuda pública era una de las más bajas de la UE, incrementase espectacularmente sus niveles de endeudamiento. En este momento, el Estado español es deudor de los propios bancos que ha salvado con fondos públicos. Para pagar esa deuda, o al menos sus intereses -pues la deuda se ha vuelto impagable- el Estado recurre a la liquidación y privatización de servicios públicos como la educación o la sanidad, la reducción de sueldos públicos y de las pensiones reales, la venta de bienes públicos, etc.
A los recortes se suma un fuerte aumento de los impuestos indirectos como el IVA que gravan por igual a todos los ciudadanos independientemente de su nivel de ingresos.
Una vez declarada la crisis, las deudas privadas y las públicas se han vuelto impagables. Las privadas por falta de ingresos salariales -a consecuencia del paro masivo causado por la crisis- la deuda pública por la baja de ingresos fiscales del Estado también originada por la recesión. 
Todo intento de recortar el gasto público mediante recortes de prestaciones sociales o subidas de impuestos reduce la capacidad de consumo de la población y aumenta la deuda. No existe ya ninguna racionalidad económica en las medidas destinadas a reducir el déficit y pagar la deuda, pues estas mismas medidas son las que hacen aumentar la deuda y el déficit a niveles sin precedente. Sin embargo, la deuda, esta deuda impagable y que crece cuando se la intenta reducir, tiene otra utilidad : someter a gobiernos y poblaciones a un mando político acorde a los intereses del capital financiero, imponer al conjunto de la sociedad y a la totalidad de los sectores productivos bajo una disciplina inexorable.
Una de las cosas que según el poder real deben estar claras para los gobiernos y los ciudadanos es que la deuda debe pagarse prioritariamente.
Sin embargo, esto que parece una idea de sentido común y un principio moral elemental empieza a ser cuestionado por amplios sectores sociales. Quien se niega a ser desahuciado de su vivienda antepone al pago de la deuda su derecho a la vivienda y cuestiona así la legitimidad de un sistema de crédito que no permite acceder a un bien tan elemental como la vivienda. El usuario de los servicios públicos antepone su salud y la educación de sus hijos al pago de la deuda y cuestiona implícitamente que este pago sea prioritario respecto de las condiciones de una vida civilizada. Movimientos sociales ampliamente representativos como la PAH, las Marea Verde o la Marea Blanca se oponen así a la deuda al no aceptar sus consecuencias. 
Es necesario ahora que estas reivindicaciones relativamente dispersas : vivienda, sanidad, educación, servicios públicos, etc. se unifiquen bajo una reivindicación general que las integre. Esta solo puede ser el rechazo al pago de la deuda ilegítima, la deuda contraída por el Estado para salvar a los bancos, la deuda contraída por los particulares con contratos de crédito abusivos, la deuda pública originada por la corrupción. Debe evaluarse urgentemente esa deuda ilegítima y debe dejarse de pagar, pues de ese impago depende la salvaguardia de una vida social civilizada : el que no haya niños pasando hambre, el que los ancianos tengan pesiones decentes, el que la actividad económica renazca sobre nuevas bases y genere ingresos para todos. La reivindicación del impago de la deuda ilegítima es una perfecta reivindicación transversal que no es de izquierda ni de derecha sino de estricto sentido común. Si es extrema es de extrema necesidad.
Es inquietante, por ello, que los partidos de la izquierda española hayan arrinconado en esta campaña europea esta reivindicación, que debería constituir la base de todas las demás, pues solo liberándonos del fardo de la deuda ilegítima será posible hacer otra política, gobernar en favor del 99 % de la población. 
En Grecia, un partido, Syriza, ha hecho bandera de ese impago, sin por ello quedarse en los márgenes : es hoy es el primer partido del país, lo que significa que las mayorías sociales entienden perfectamente lo que hoy significa la deuda. Una izquierda que quiera salir de la marginalidad, de la minoría de edad y del vacío retórico debe entender esto. Cuanto antes lo haga, antes podremos frenar el desastre en curso.

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